El nuevo desvío de la donación de Bayer
Como si la donación de Bayer Monsanto al Municipio de Rojas no hubiera dado mucha tela para cortar, este jueves el Bloque de Juntos por el Cambio encabezado por los concejales Perez y Scardino decidió darle un empujoncito más hacia el escandalo total.
Como si la donación de Bayer Monsanto al Municipio de Rojas no hubiera dado mucha tela para cortar, este jueves el Bloque de Juntos por el Cambio encabezado por los concejales Perez y Scardino decidió darle un empujoncito más hacia el escandalo total. En sesión del HCD y escondida en una modificatoria a la ordenanza de la donación, dotaron de super poderes al Intendente Rossi delegando en él, el poder de aceptar cualquier tipo de donación sin importar los orígenes y montos de esos fondos, y de disponer de ellos indiscriminadamente siempre que el justificativo sea para la pandemia. Esta maniobra, más allá de la gravedad de intentar quedarse y disponer a placer del dinero de las donaciones, es un claro avance sobre la legalidad de las instituciones porque una ordenanza está eliminando el artículo 57 de una ley superior como es la Ley orgánica de las municipalidades que específica que es atribución del HCD aceptar o rechazar donaciones.
Los argumentos expuestos por Scardino y Perez durante la sesión de mejorar “la agilidad administrativa y la trasparencia en las donaciones”, lo único que lograron es sembrar un nuevo manto de sospecha sobre esta donación. En los 60 días que llevamos de pandemia Rojas tuvo más de 10 millones de pesos recaudados y donados por vecinos, ciudadanos de a pie, empresas, comercios e instituciones que han decidido solidariamente colaborar con un sistema de salud precario y un municipio en quiebra. Aportes de todo tipo, desde 100 pesos para comprar tela para barbijos hasta 10000 kg de harina, en ningún de ellos hubo problema de agilidad. Todas las donaciones realizadas siguieron dos caminos posibles, o bien a través de instituciones de bien público reconocidas como puede ser la Cooperadora del Hospital, que ya recibió dinero y compró elementos y materiales, o a través del ejecutivo pero con expresa aprobación del Concejo deliberante como legalmente manda la carta Orgánica de las Municipalidades. Paradójicamente el mismo jueves de sesión que la donación de Monsanto tomó un camino alternativo, el Concejo Deliberante con el voto positivo de todo el cuerpo aprobó otra donación de 27000 pesos hecha por un colegio magistrado de Junín que había entrado al Concejo el mismo día que la de Monsanto. Dicha donación no tardó más de 15 días en aprobarse cumpliendo todos los requisitos que la ley manda, el mismo camino que venía recorriendo la donación de Bayer Monsanto hasta su desviación. Resulta ilógico escuchar que el mismo bloque oficialista hable de falta de agilidad cuando con mayoría absoluta y con el concejo funcionando normalmente los tiempos legislativos depende exclusivamente de ellos mismo. Más si vemos que la modificatoria ordenanza que desvía la donación de Bayer Monsanto tardaron 3 días en ingresarla, tratarla y aprobarla. Cuando quieren ser agiles, vemos que pueden.
Lo de la trasparencia se entiende menos aún, no debe haber libro de administración pública o privada que no hable de la separación de funciones como medidas de control interno, más de una mirada puesta sobre cada acción para evitar negociaciones unipersonales que deriven en presiones o compromisos indebidos. Contra todos los manuales los zares de la trasparencia decidieron en esta donación romper todas las teorías administrativas y dotar al intendente Rossi de poderes para negociar, cerrar y utilizar los fondos de estas transacciones sin importar de donde vengan, puede ser Bayer Monsanto o el Cartel de Sinaloa, y para lo que sea siempre dentro del marco de la pandemia. Notemos, y ahí la trampa, que “la pandemia” parece un fin de “gasto” bien especifico, sin embargo esto puede tratarse desde compra de equipamientos medico (fin original de la donación) como también el pago a los habituales camiones alquilados que llevan la tierra para cerrar las calles, publicidad, pago a funcionarios, “etc” como dice la ordenanza, es decir cualquier tipo de gasto que ya están contemplados en los gastos generales de un municipio. Esta jugada ardida entre el legislativo y el ejecutivo parece más una maniobra de trasferencia de fondos que de trasparencia administrativa.
Da mucha tristeza ver al cuerpo de deliberantes sumidos a este tipo de maniobras, un cuerpo que debe legislar pero también ser un contralor que mejore el accionar del ejecutivo con una opinion crítica y una mirada enriquezedora y no que favorezca acciones que van contra la institucionalidad y la legalidad.
