Excepción o inmunidad
El decreto 297/2020 del presidente de la nación Alberto Fernández estableció una excepción al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a 24 actividades económicas entre las que se encuentran las “actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria”. Este decreto, totalmente necesario por cierto, pareció ser en la comunidad de Rojas el pasaporte para que algunas empresas locales (las más grande paradójicamente) continúen con su actividad normalmente como si nada pasara.
El decreto 297/2020 del presidente de la nación Alberto Fernández estableció una excepción al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a 24 actividades económicas entre las que se encuentran las “actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria”. Este decreto, totalmente necesario por cierto, pareció ser en la comunidad de Rojas el pasaporte para que algunas empresas locales (las más grande paradójicamente) continúen con su actividad normalmente como si nada pasara. Como si la letra de ese decreto por arte de magia convirtiera en inmunes a todos los vinculados a ese sector económico, trabajadores, prestadores de servicios, y clientes. Dejemos algo en claro, la excepción no vuelve inmune a nadie, no saca del factor de riesgo a nadie, y no impide que cualquier trabajador sea portador de virus y causante de decenas de contagios. Establecido esto podemos entender que la excepción es un permiso para trabajar pero que de ninguna manera es una licencia para ejecutar la actividad en forma normal como si nada ocurriera. La producción también está en emergencia sanitaria y debe funcionar con las limitaciones y dificultades que eso provoca. Se supone que las empresas deben tomar todas las medidas de precaución y protección necesarias para proteger a las personas.
La pregunta es entonces ¿son los empresarios, los gerentes y/o los ceos las personas indicadas para decidir esas acciones?
Por lo visto en Rojas no, Cargill, Gear, y Almar, Bayer (por nombrar algunas de las que nos han llegado denuncias) trabajan siguiendo el procedimiento habitual, sin establecer ningún protocolo de emergencia especial; sin restringir turnos y cantidad de personal afectado, sin los elementos de protección y con los mismos métodos operativos de siempre.
Muchos no parecen entender la situación de gravedad por la que atraviesa el mundo, no parecen estar informados que se esperan millones de muertos a causa del COVID 19. No se puede dejar en la voluntad de esas personas la aplicación de las medidas de prevención y protección necesarias, debe establecerse desde el estado un protocolo que las empresas deban cumplir para poder llevar adelante la excepción, y debe ser el mismo estado con toda su legalidad el encargado de aplicarlo y controlarlo.
Las empresas como factor de poder siempre presionan sobre trabajadores, comercios, medios, funcionarios y la comunidad en general; la sociedad debe entender que estamos ante una situación de sumo riesgo, que no es momento para ingenuos, distraídos, vivos, o irresponsables. La salud y el bienestar de todos están en juego.